Mientras el país se prepara para votar el 26 de octubre, dos intendentes del PJ exhiben el costado más obsceno del poder: Augusto Sánchez en Lago Puelo y Juan Pablo Luque en Comodoro Rivadavia. Ambos enfrentan denuncias por manejos turbios de fondos públicos destinados a catástrofes. Emergencias que, lejos de ser atendidas, fueron aprovechadas para hacer negocios.
En Lago Puelo, el fuego de 2021 dejó familias sin casa y un municipio envuelto en sospechas: compras por más de 13 millones de pesos sin licitación, sin autorización del Concejo Deliberante y con módulos de emergencia que jamás llegaron. Las denuncias y allanamientos existen, pero la justicia duerme. Los vecinos siguen esperando respuestas y las cenizas siguen ahí, como prueba de la desidia.
En Comodoro, la historia se repite. Exfuncionarios de Luque fueron allanados por corrupción en el uso de fondos de la emergencia climática. Documentos, celulares y computadoras secuestrados confirman lo que todos sospechaban: las tragedias sirven de caja política para los mismos de siempre.
El patrón es idéntico: emergencia, discrecionalidad, impunidad. Usan el dolor ajeno para financiar estructuras partidarias y campañas. Cuando la prensa los expone, gritan “persecución política”. Cuando la justicia los cita, desaparecen detrás del sello del PJ.
La pregunta no es si son culpables —eso lo dirá la justicia si alguna vez se anima—, sino cuánto más vamos a tolerar que los fondos del sufrimiento terminen en bolsillos de políticos.
El 26 de octubre, el voto será la única auditoría que ellos teman.
